Gobierno local
El 14 de marzo de 2024, la Gobernación del Guayas y el Ministerio de Gobierno se reunieron con alcaldes para priorizar seguridad, atender la etapa invernal y gestionar créditos presupuestarios pendientes.
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La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, negó el 8 de marzo de 2024 haber tramitado casos de Norero, refutando acusaciones basadas en chats que la vinculaban con su defensa legal.
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El CJ declaró emergencia para designar jueces temporales en Guayas, cubriendo vacantes por el caso Purga y garantizando la continuidad judicial provincial.
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Hugo González renunció irrevocablemente como presidente de la Corte Provincial de Guayas el 8 de marzo de 2024 tras ser vinculado por la Fiscalía al caso Purga y al narcotráfico.
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El presidente dialogó en Nueva York con líderes locales sobre seguridad y el estatus TPS, priorizando la generación de empleo local para reducir la salida de ciudadanos.
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El Tribunal de Garantías Penales ordenó a la Intendencia General de Policía del Guayas publicar una sentencia en su web por 15 días y ofrecer disculpas públicas tras vulnerar derechos de un ciudadano.
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El presidente Daniel Noboa detalló en CNN los avances del Plan Fénix y la creación de 50 mil empleos juveniles como pilares para la seguridad y economía del país.
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El 22 de febrero, el gobernador Alberto Molina lideró un conversatorio con medios digitales sobre seguridad y temporal, anunciando diálogos mensuales.
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La Gobernación del Guayas separó a tres comisarios por presunta corrupción el 19 de febrero, aplicando su política de cero tolerancia sin revelar detalles específicos.
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La Fiscalía General del Estado solicitó el 14 de febrero de 2024 el juicio contra tres jueces del Guayas por prevaricato, al haber ordenado pagos con fondos del Banco Central a empresas del sistema SUCRE.
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Hugo Manuel González asumió el 14 de enero la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas, reemplazando a Fabiola Gallardo tras su informe final de gestión.
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La presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, desvinculó a la institución del caso Metástasis al afirmar que la analista Mayra Salazar fue contratada desde Quito y desconocía sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero.